En la actualidad, las poblaciones afectadas realizan continuas movilizaciones no sólo para denunciar la situación de miseria a la que les ha abocado la construcción de la presa y las violentas agresiones que sufren por los grupos paramilitares (que desalojan por la fuerza a las comunidades, quemando sus casas), sino para oponerse a su ampliación, que está proyectada y que significaría la pérdida de otras 200.000 ha de cultivo, 1.000 km2 en los que viven unas 80.000 personas y la destrucción de los Esteros de Iberá, un espacio natural de valor ecológico mundial.
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